Los ciudadanos nos preguntamos por qué no se ha presentado la anunciada iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para su eventual aprobación por parte del Congreso del estado de Puebla.
Y es que, dicha iniciativa, como lo ha explicado en su oportunidad el mandatario electo, Alejandro Armenta, definirá su modelo de gobierno e implicará una reforma profunda a la estructura del poder Ejecutivo, con la creación de nuevas secretarías o la fusión y/o ampliación de otras, y el fortalecimiento de ciertas dependencias clave.
Lo anterior, tras un largo proceso de análisis en el que se abordaron con lupa los alcances operativos, las implicaciones jurídicas y sobre todo el impacto presupuestario, el documento ya está listo al 100 por ciento.
De hecho, hace unos días, a través de sus redes sociales, el propio Armenta dio a conocer una reunión con su equipo jurídico en la que se terminó de afinar la iniciativa.
No obstante, sigue sin presentarse ante el poder Legislativo y hay una poderosa razón para que así sea.
Y es que el gobernador electo ha decidido esperar a que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, termine de anunciar sus propios cambios o reformas a la estructura del gobierno federal, para entonces actuar en consecuencia.
Porque muchas de las adecuaciones en el poder Ejecutivo federal habrán de replicarse, adaptarse o “tropicalizarse” a nivel estatal, y ello implicará nuevos ajustes a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Puebla.
Un caso muy claro es lo sucedido la pasada semana. Sheinbaum anunció que la Secretaría de la Función Pública se transformará en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Lo cual generará no sólo un cambio de denominación o nombre, sino del modelo en el cual hasta hoy se ha basado buena parte de la revisión, supervisión y control de los servidores públicos.
Según la próxima titular de esa nueva dependencia federal, Raquel Buenrostro, se busca: Dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad y capacitación para el cumplimiento de sus metas. Dar acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar los programas prioritarios desde un inicio.
Modernizar a la administración pública federal para eficientar su desempeño. Consolidar compras públicas transparentes, a precios justos, que fomenten proveeduría nacional, mipymes y sostenibilidad ambiental. Sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha contra la corrupción. Fortalecer la cultura de la denuncia en el sector público y privado, y garantizar su confidencialidad.
Realizar investigaciones que inhiban la corrupción. Y combatir la impunidad, es decir, que violar la ley sea más caro que cumplirla.
Todo lo cual llevará a que la Secretaría de la Función Pública estatal ahora se convierta, en consecuencia, en la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno estatal.
Y que la persona que el gobernador electo ha designado para encabezar la citada la Secretaría de la Función Pública estatal, Alejandro Espidio, ahora sea el futuro secretario Anticorrupción de Puebla.
Con todos los cambios, adecuaciones y modificaciones que correspondan en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del estado.
Misma que aún no se presenta a las diputadas y los diputados del Congreso, pues se prevé que la presidenta de México siga realizando reformas al gobierno federal, con impacto en lo estatal.
El gobernador electo ha sido insistente en que haya sincronía y coordinación casi absoluta con ella y su administración. “De la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a pensar en grande”, señala de forma reiterada.
Y será, pues, hasta que la mandataria culmine su proceso, que Alejandro Armenta envíe la anunciada iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para su eventual aprobación por parte del Congreso del estado de Puebla.
Lo que debe suceder, sin duda, antes del próximo 14 de diciembre, cuando inicia su sexenio, el 2024-2030.