Por Teodoro Rentería Arróyave
La juez del Tribunal Supremo de España, TS, a cargo de la instrucción del “caso Tsunami Democràtic” ha acordado archivar la causa penal abierta por terrorismo contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont y el diputado de Izquierda Republicana de Catalunya, ERC, en el Parlament, Ruben Wagensberg, aunque es un avance, como casi todos los supremos, no acatan o de plano echan abajo lo aprobado por los legislativos, en este caso, la Ley de Amnistía que le daría tranquilidad a toda España
La magistrada Susana Polo ha adoptado esta decisión tras recibir el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón archivó la causa de ‘Tsunami Democràtic’, después de que la Sala de lo Penal invalidara todas las diligencias acordadas en los últimos tres años porque se prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.
En un auto de este mismo martes, Polo ha precisado que el 29 de julio de 2021 era el “límite temporal” para haber realizado diligencias de investigación y que antes de dicha fecha “no se había acordado ni tomado declaración a ninguno de los investigados -tampoco ha tenido lugar la de los aforados en la presente causa- lo que impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado”.
El impacto de la decisión de la Audiencia Nacional, según explica la instructora sobre la decisión de García Castellón de archivar la causa “sin duda afecta” al procedimiento abierto en el Supremo. En concreto, porque la exposición razonada que el juez instructor elevó en 2023 al alto tribunal, se dictó fuera del plazo fijado por la ley.
“Como es sabido, las posteriores diligencias, realizadas fuera del plazo preclusivo marcado en la ley para la realización de actos de investigación judicial, deben ser apartados del proceso y no servirán para conformar la decisión sobre la prosecución de las actuaciones”, ha señalado.
Así las cosas, ha explicado que “de conformidad” con lo que fija la ley, lo pertinente es decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra Puigdemont y Wagensberg.
Ante estos hechos, ni el expresidente catalán ni el diputado de ERC en el Parlament llegaron a declarar de forma voluntaria ante el Supremo. La juez les había citado para que comparecieran por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio, pero ante la aprobación de la ley de amnistía y su eventual entrada en vigor, la instructora acordó suspender dichas declaraciones.
Posteriormente, la magistrada instructora preguntó a las defensas y a las acusaciones si veían pertinente consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -a través de una cuestión prejudicial- sobre la posibilidad de amnistiar el terrorismo atribuido a Puigdemont y Wagensberg.
La defensa del expresidente catalán presentó un escrito este mismo martes en el que aseguraba que no tenía inconveniente con que se consultara al TJUE. Finalmente, sin embargo, la juez ha archivado la causa.
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Sin embargo, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este martes al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón de lanzar la causa de ‘Tsunami Democràtic’ a la papelera con su decisión de archivarla “cuando ya no daba más de sí”.
“Buscaban lo que, de hecho ya han hecho. Ellos, no la Ley de Amnistía, con la que estámos en pie de guerra y en actitud de rebeldía”, ha sostenido en un apunte en ‘X’ recogido por Europa Press.
Pese a compartir la alegría por el archivo de la causa, ha asegurado que le sorprende que un magistrado con la experiencia y la “mala leche de García Castellón haya cometido un error tan estúpido”.
“El error, en todo caso, era conocido desde hacía tiempo y, sin embargo, han persistido en ello. Aquí está la clave para entenderlo todo mejor. Era y es un caso de ‘lawfare’ -guerra legal-, de manual”, ha sostenido.
Para Puigdemont, los jueces sabían que la acusación de terrorismo era “delirante, pero esto les importaba poco, y menos sí eran ellos los que tenían los resortes para poderlo descarrilar cuando les conviniera”.
En su opinión, el objetivo que buscaban era “intimidar a personas clave, ensuciar la narrativa sobre el independentismo” y trasladar una imagen de miedo en todo lo relacionado con el movimiento independentista.
“El ataque a la reputación y al sufrimiento que ha representado todo esto para muchas personas y sus familias no lo revierte nadie. Y se puede volver a producir, que quede claro”, ha sostenido.
El expresidente catalán, además, ha apuntado que la Ley de Amnistía “acaba con una determinada represión, la generada por la querella del fiscal general del Estado en 2017 que da pie a una causa general contra el independentismo, pero no acaba con la represión estructural con la que España se relaciona en el conflicto con Catalunya”.
Así las cosas, esta es una nueva prueba de cómo se las gastan los Supremos y las Supremas en la mayoría de los países.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org y el portal: irradianoticias.com