ABIGAIL A CORREA CISNEROS
· Los alimentos que no llegan a consumirse implica desperdiciar recursos como la mano de obra, la tierra, el agua, el suelo y las semillas, transporte, almacenaje, y aumentar en vano las emisiones de gases de efecto invernadero.
· Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7 por ciento de lo que se produce.
En tiempos de crisis es inverosímil que teniendo los medios para paliar un problema se opte por empeorar la situación. El país se enfrenta a una cruda realidad debido a que la pandemia de covid-19 golpeó desde mediados del año los mercados internacionales y, como ya sabemos, México tendrá que crear estrategias que minimicen estas consecuencias económicas.
Se calcula que cada año en nuestro país el desperdicio de alimentos es de 20 millones de toneladas, equivalente a 25 mil millones de dólares. Con esta cantidad podrían comer al menos 7.01 millones de mexicanos que padecen hambre, de los 23 millones que sufren esta situación.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo se pierden 14 por ciento de los alimentos antes de llegar a los anaqueles. Si ampliamos el panorama nos daríamos cuenta de que no sólo se pierde la comida, también los recursos naturales utilizados en su producción y se afecta más al cambio climático.
El hambre golpea a 690 millones de personas en el mundo y se prevé que para 2030 la cifra aumente a 840 millones. El desperdicio de alimentos es mayor en los países del Sur en desarrollo: 20,7 por ciento en Asia meridional y central, 14 por ciento en África subsahariana y 11,6 por ciento en América Latina y el Caribe, a diferencia del 5,8 por ciento en países más desarrollados como Australia y Nueva Zelandia.
De acuerdo con la FAO, hay que entender como desperdicio a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores de servicios alimentarios, como los restaurantes, y los consumidores. Los alimentos que no llegan a consumirse implican desperdiciar recursos como la mano de obra, la tierra, el agua, el suelo y las semillas, transporte, almacenaje, y aumentar en vano las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las principales pérdidas afectan a raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos (25 por ciento), frutas y hortalizas (22), productos cárnicos y de origen animal (12), y también cereales y legumbres (8,6 por ciento).
Hay soluciones que se deben poner en marcha para evitar que el hambre siga siendo de los principales problemas actuales. La FAO propone el uso de tecnologías para la gestión poscosecha, envasado de alimentos más apropiados, hábitos de consumo más adecuados, políticas gubernamentales destinadas a reducir el despilfarro de alimentos, y redistribuir los excedentes inocuos a personas necesitadas a través de bancos de alimentos.
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7 por ciento de lo que se produce, esto significa el 2.5 por ciento del valor de toda la producción o del Producto Interno Bruto (PIB). El investigador Jorge Arturo Morton Treviño, refiere que las cifras son alarmantes: de la carne de cerdo asciende al 40 por ciento; pescado, 37 por ciento; res, 35 por ciento; pollo, 29 por ciento, y tortilla, 28 por ciento.
El impacto ambiental es de casi 37 toneladas de dióxido de carbono; un costo económico equivalente a 16 millones de vehículos, además del desgaste de agua y suelo. Es un alto costo para todos los sectores: social, económico y ambiental, por lo que se debe establecer una política de Estado, donde la ciudadanía participe para no seguir golpeando la economía y la salud.
Lo más importante es la información, derecho que todos los ciudadanos tenemos. Se deben promover estrategias contra el desperdicio, invertir en tecnología e infraestructura para almacenar alimentos, dinámicas de las centrales de abasto y terminar con barreras legales; así como promover estándares sanitarios y fitosanitarios.
Los bancos de alimentos ya atienden a una población rural y urbana que apenas pueden adquirir algún producto de la Canasta básica. Actualmente tienen presencia en el
Estado de México, Chihuahua y Puebla. Sin embargo, no es suficiente. El gobierno debe tener una participación importante en evitar que se sigan desperdiciando alimentos y los recursos que utilizamos para obtenerlos. A pesar de las leyes existentes que involucran a los hoteles y restaurantes para que recuperen alimentos y se destinen a los más necesitados, se siguen desperdiciando toneladas anualmente y la economía del país se continúa afectando.
DESDE EL CENTRO
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicaron un estudio que muestra que los trabajadores latinos en las plantas procesadoras de alimentos, fábricas y la agricultura estadunidense, han sufrido un mayor impacto que cualquier otro grupo étnico o racial por la covid-19. Aunque los latinos son solo el 37 por ciento de la fuerza laboral en las plantas procesadoras de carne y sitios de trabajo similares en todo el país, 73 por ciento de ellos han tenido un diagnóstico de infección por el coronavirus, según el informe… En el Senado de la República se aprobó por mayoría el dictamen que avala la minuta por la que desaparecen 109 fideicomisos. Inconformes realizaron una manifestación para repudiar ese acto y externar su decepción con las políticas del actual gobierno… Campesinos de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, se dicen ya cansados de su dirigente Eduardo Orihuela Estefan, que no hace nada en favor del de los ejidatarios nacionales…La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Miscelánea Fiscal para 2021 que actualiza las tasas de ISR aplicables a las plataformas digitales. Se pronunciaron a favor 291 votos, 142 en contra y una abstención. Significa que empresas como Uber o Didi tendrán una tasa de retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) de 2.8 por ciento; a los servicios de hospedaje como Airbnb, de 5 por ciento y a las plataformas que enajenan bienes y prestan servicios como Amazon y Netflix, de 2.4 por ciento.