En días pasados, la elección de quienes serán las candidatas del partido oficialista y la oposición, evitó que un tema de gran relevancia, se perdiera entre el cúmulo de información política que estamos viviendo.
Y es que, en días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación logró la despenalización del aborto en todo el país, lo que nos debe llevar a una reflexión profunda sobre sus implicaciones en un tema tan controvertido.
Esto, se trata de un asunto humano que nos involucra a todos, pero es importante señalar que despenalizar no significa legalizar, la resolución de la Corte, se refiere a que el aborto no deberá castigarse con cárcel. Legalizar, tiene connotaciones morales que se consideran como una política pública del ámbito de la salud pública.
En el fondo, se trata de la respuesta de crisis a un embarazo no deseado. Esto nos lleva a su poner que el reto real es el de combatir el embarazo no deseado, el cual puede tiene diverso orígenes como lo es el abuso de los hombres, abandono, irresponsabilidad sexual, ignorancia que se da, principalmente en grupos vulnerables y en la inmadurez para asumir responsabilidades y otras circunstancias que llevan a embarazos no deseados.
El embarazo adolescente es un problema de salud pública. El aborto es una posibilidad de solución cuando una mujer que se convierte en madre y se encuentra sola, sin el apoyo del hombre con quien engendró el hijo.
Debemos de reconocer que la criminalización de la mujer que aborta, es un juicio de una sociedad machista, caracterizado por el abuso del hombre en contra de la mujer.
Por ello, está probado que la medida más eficaz para combatir los embarazos no deseados, es la educación sexual, por una parte, así como corresponsabilizar al padre al mismo nivel que a la madre, asignarle igualdad de deberes, sin la necesidad de que exista una relación formal de pareja entre los mismos padres.
La obligación al generará una obligación que fortalecerá la responsabilidad para con el embrión que está en el seno materno. De igual forma, es con la obligación del padre en el mantenimiento y educación del hijo hasta que sea mayor de edad; lo anterior, sin duda abonará a la disminución de los embarazos no deseados, a partir de una conciencia en la responsabilidad del ejercicio de la sexualidad.
Sin duda, la obligatoriedad del padre es un acto de justicia. No debe evadirse cuando el embarazo es resultado de una relación ocasional, pues la responsabilidad existe ya con las mismas obligaciones que tienen los padres que viven unidos.
Lo que respecta a la “salud pública”, el embarazo no deseado puede ser tratado en las campañas públicas educativas. De igual manera, un eficaz sistema de adopciones, menos burocrático y más accesible, también puede ayudar a disminuir los abortos, esto cuando el embarazo no deseado ya existe.
La penalización del aborto, ha llevado a mujeres que están en la cárcel ser las que viven en una condición de pobreza e ignorancia, que por su posición vulnerable no pudieron pagar un abogado. La cárcel en México no es un espacio de reinserción social.
Las mujeres que están en la carcel pagando por un aborto tienen que convivir con quienes llegaron ahí cometiendo delitos violentos o narcotráfico.
En cambio, las mujeres que abortan y vienen de familias adineradas, jamás llegan a ser encarceladas. Esto significa una injusticia social.
Es la labor preventiva la que puede evitar los abortos, generando políticas públicas que desestimulen los embarazos no deseados y además, legislar para generar corresponsabilidad total para el padre biológico.