El 30 de agosto, se conmemoró uno de los días más dolorosos en este país: fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones; lamentablemente, México es uno de los países en el mundo que más casos tiene.
Desde 2007, hasta lo que va de 2023, son exactamente 95,637 personas desaparecieron, según el Departamento de Investigación de Statista.
Lo que respecta a los datos oficiales, son más de 100,000 personas desaparecidas en nuestro país desde 1964. La mayoría de estas desapariciones ocurrieron luego de que el ex presidente Felipe Calderón, lanzara su guerra contra el crimen organizado en diciembre de ese año. Ni Calderón ni Peña Nieto lograron ganar la guerra ni disminuir el número de desapariciones, así como tampoco el presidente López Obrador.
Las causas de cada una de estas dolorosas desapariciones varían, pero en México, las principales son: la violencia generada por el crimen organizado; la trata de personas, que obliga a hombres, mujeres, jóvenes y niños a trabajos forzados o prostituirse y, finalmente las desapariciones diseñadas y ejecutadas desde el mismo gobierno.
Ninguna es peor que la otra, cada una de estas 3 causas encierran dolor, miseria humana, familias destrozadas y divididas, impunidad, injusticia y un largo número de adjetivos que muestran lo terrible que es este asunto.
Ciertamente, la inmensa mayoría de los desaparecidos en nuestro país, han sido víctimas del crimen organizado. Se sabe, que algunos nunca regresaron por estar involucrados, de manera obligada o voluntaria, en actividades criminales, siendo secuestrados y asesinados por bandas rivales y sus cadáveres siendo incinerados, destazados, como alimento para animales, echados al mar, enterrados en algún lugar o disueltos en ácido.
Algunas otras de las víctimas, llegaron a las manos de organizaciones de trata pertenecientes a los principales cárteles de droga, como el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y otras más.
Otro grupo de desaparecidos, afortunadamente el menor número de ellos, son como los 43 estudiantes de Iguala, Guerrero, desaparecidos en 2014, quienes fueron víctimas de quienes debieron haberlos protegido: funcionarios y policías en colusión con el crimen organizado y fuerzas militares.
Lo lamentable es que, a pesar de la seriedad y gravedad del problema en cuestión, los gobiernos tanto federales y estatales, han dedicado muy pocos recursos para la localización de los desaparecidos, cuyas tragedias sin duda han sido una experiencia traumática y devastadora para sus familias.
Lo lamentable es que para el presidente López Obrador, la inmensa mayoría de los gobernadores y demás responsables de resolver este gravísimo problema, les basta con enviarles un abrazo solidario a estos familiares. Por ello, en diversos lugares del país vemos a hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, armados de picos y palas, buscando a sus seres queridos en basureros, cementerios y lugares remotos e inhóspitos.
En Puebla, lamentablemente, las cosas no son diferentes. Se tiene registrado que cada 24 horas, de 4 a 5, mujeres, niños y hombres, son desaparecidos de manera forzada y violenta. Tan solo en el 2020, 2021 y 2022, se formalizaron casi 5 mil carpetas de investigación, en la Fisvalía del Estado, por éste delito.
Las cifras son de escándalo y, por muy doloroso que se lea, los mexicanos nos estamos acostumbrando a esta tragedia.