La pregunta es por demás importante: ¿Qué hacer con un presidente de la República que es omiso ante las instrucciones de la autoridad electoral?
Y es que, el INE emitió una resolución derivada de una queja presentada por la senadora Xóchitl Gálvez, que decía literalmente lo siguiente:
“Se ordena al Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad de formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.
De entrada, el Instituto tuvo dificultades para notificar formalmente a AMLO de esa orden, pues la Consejería Jurídica, que es la instancia que recibe esas comunicaciones, “estaba de vacaciones”. Los abogados denominan a esas estrategias “chicanas”.
En virtud de ella, el presidente se dio por notificado hasta varios días después y mientras, siguió hablando de la senadora y de diversos temas electorales, sabiendo que la ley, una ley que el hace muchos años impulsó, se lo prohíbe.
Tras decir que acataría la orden del INE “bajo protesta”, buscó la manera de seguir abordando temas electorales en la conferencia mañanera, presuntamente, sin expresarlos él mismo sino a través de terceros. No dejó de mencionar a la senadora Gálvez sino que sus voceros la denominaron “señora X”.
Y de plano, ya no tuvo ningún reparo en volver a abordar temas electorales presentando cifras de diversas encuestas de intención de voto para el 2024, en las que, desde luego, Morena va muy adelante.
Ante la violación flagrante de la ley y de la instrucción expresa de la autoridad electoral, ¿qué es lo que puede hacer el INE?
¿Acaso usará la misma estrategia que ha sugerido para los grupos criminales AMLO y amenazará con chanclazos de la abuelita a López Obrador si sigue sin obedecer?
Y es que el tema no es para nada menor, pues pareciera que se configura un cuadro en el que el presidente sabe que la autoridad electoral actual es tibia, carece de fuerza y tiene divisiones internas, por lo que será virtualmente imposible que tome medidas en contra de él, así que el escenario más probable es que siga violando alegremente la ley, así como las instrucciones precisas del INE.
Hay una clara reticencia de la autoridad electoral a ejercer como tal y evitar enfrentamientos con el presidente de la República.
Lo vimos nuevamente en los lineamientos para las actividades de las “corcholatas”, a las que les dio luz verde con obligaciones de reportar pero que caracterizó como “ordinarias” de la vida partidista y no como precampañas.
Y, desde luego, no podía ser de otro modo, tuvo que dar el mismo tratamiento a los del llamado Frente Opositor.
Hay un gran riesgo de que se vayan a configurar condiciones que posteriormente puedan llevar a sanciones para los partidos, restricciones al registro de algún candidato o en el caso extremo, a la anulación del proceso electoral.
El problema de origen, es que si el propio presidente de la República es el primero en hacer caso omiso de lo que dice la autoridad electoral, pone el ejemplo para que sus partidarios hagan lo mismo.
Y si quienes están en el poder lo hacen, los opositores lo harán para no quedarse atrás en su posicionamiento ante la opinión pública.
El resultado de todo esto es de pronóstico reservado y puede tener graves consecuencias para la estabilidad política del país.