El órgano electoral en Puebla ha comenzado un 2023 un tanto tortuoso. Y es que, con una feria de denuncias por “actos anticipados de campaña”, partidos y actores que buscan aparecer en las boletas en 2024, en el ámbito local, se están atacando ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).
Se trata de un tema peligroso, porque han tomado a los medios de comunicación como rehenes. De manera poco prudente y sin análisis de fondo, el mismo instituto ha estado emplazando a los medios y a periodistas a declarar si tienen relación con los aspirantes, por el solo hecho de haber publicado notas o expresiones en sus redes sociales. Cuidado, porque la línea hacia la censura es muy delgada.
La intensidad con que el IEE ha estado presionando a comunicadores y medios es extraordinaria. Nada usual. Poco decorosa. Decenas de requerimientos se han emitido hacia varios representantes de los medios de comunicación poblanos.
Dichos documentos, vienen firmados, habitualmente, por la licenciada Claudia Elizabeth Rosas Ruiz, encargada del despacho de la Dirección Jurídica. Lo lógico sería pensar que el IEE está cumpliendo con su labor.
Que es lo que debe hacer, en el caso de esas denuncias.
El tema que llama la atención es la recurrencia con que se está emplazando a los medios y a los periodistas, parece más un tema de mordaza y de silenciamiento que un simple cumplimiento de su deber.
Las dos denuncias que más requerimientos han generado son contra el senador Alejandro Armenta y contra el diputado Ignacio Mier.
Sobre el primero, lo que parece sumamente extraño es que se ha requerido a los medios que publican sus notas, cuando, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, se generan diariamente.
Pareciera que se busca inhibir a los medios, para que dejen de publicar la información referente al Senado y a él, lo cual evidentemente es imposible, pues su importante posición pública lo hace un actor relevante y sus actividades diarias, nos gusten o no, son noticiosas y de amplio interés ciudadano.
En el segundo caso, el del diputado federal Ignacio Mier, es más entendible, pues se trata de una querella específicamente sobre el informe de labores que presentó en Puebla, el 27 de agosto pasado, y que tuvo, incluso desde sus medios aliados, valor de “destape” a la gubernatura. Ahí sí, la querella tiene mucha más lógica, pues se trató de un muy probable acto anticipado de campaña, lo cual ciertamente debe de investigarse.
Lo interesante o todavía más raro, es que el IEE, su Dirección Jurídica, está emplazando incluso a quienes en redes sociales criticaron el “destape” de Mier.
O sea, no solamente la información neutra o a favor, sino que también sus críticos están recibiendo los requerimientos.
Algo pasa, pues pareciera que en el IEE no saben diferenciar información de opinión, ni positiva de negativa.
El rasero es el mismo y pareciera, en este caso, que los requerimientos contra los detractores de Mier tiene el mismo fin, pero al revés: evitar que se publiquen críticas contra el poderoso diputado federal.
El tema es de análisis para los especialistas, pues una cosa es la guerra tras bambalinas, incluso antes de las campañas.
Pero tomar a los medios y a los periodistas como rehenes, es otra cosa.
Porque hay derecho a la información.
También libertad de expresión.
Por si lo habían olvidado.