Victor de Regil
Desde que inició la administración del gobernador Miguel Barbosa, se ha iniciado una profunda limpia en el penal de San Miguel, lo que llevó hace unos meses a la destrucción de departamentos, casinos, tienditas y demás lugares que se habían construido, ilegalmente, al interior de dicho penal estatal.
Lo cierto es que un gran aparato de corrupción se construyó al interior del penal durante años, sin que autoridad Estatal tuviera el deseo de arreglar el problema, simplemente lo dejaron crecer a la luz de la ciudadanía.
Pero la limpia sigue, y es que elementos de la policía estatal de Puebla resguardan las casetas de comida frente al penal de San Miguel, las cuales fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado, mientras tanto, los dueños de los comercios se dijeron confundidos y mencionaron que van a esperar alguna respuesta de las autoridades para que se les informe el motivo de este dispositivo contra ellos.
Después de que se implementó el operativo en contra de las 21 casetas de comida que están frente al penal de San Miguel, elementos estatales de seguridad resguardan los negocios que fueron asegurados, por lo que en inmediaciones del penal de San Miguel permanece la presencia de agentes policiacos.
Cabe destacar que al menos ya fueron aseguradas 10 casetas frente a dicha cárcel, sin embargo, restan algunas y los locatarios de estos lugares se dijeron temerosos y confundidos, pues a ellos no se les notificó el motivo de las diligencias, acusando que entraron los ministeriales con lujo de violencia y no les permitieron ver cómo se llevaba a cabo el cateo.
A decir de los locatarios, ellos señalaron que permanecerán en las afueras de sus comercios bajo la espera de que alguna autoridad les indique o les dé a conocer el motivo del operativo que se estaba realizando.
Fuentes detallaron que los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado descendieron de sus camionetas sin placas y acompañados por agentes de la Policía Estatal, comenzaron a forzar los candados de las casetas; en algunas otras golpearon las puertas con martillos para que se lograran abrir las entradas, y así montar el cateo dentro de estos lugares en los que se oferta comida como tortas, jugos, antojitos e insumos para los familiares que tienen a sus seres queridos recluidos en San Miguel.
Como resultado de dicho operativo fue que aseguraron 10 de estas casetas donde se vende comida; la razón fue porque las autoridades presuntamente habrían recibido denuncias de que en estos lugares se comercializaban objetos prohibidos para ingresar al penal de San Miguel, pero también se dijo que fue porque supuestamente se comercializaba droga.
Algunos locatarios de estas casetas detallaron que al momento en el que se realizaba este cateo, los ministeriales ingresaron a la fuerza y de manera prepotente; a los veladores de algunos negocios los corrieron a golpes, denunciaron que no contaban con una orden de cateo y lo peor es que no les notificaron el motivo de este dispositivo implementado.
En total son 21 las casetas instaladas frente al penal pero sólo 10 fueron aseguradas; sin embargo, los dueños de los negocios que restan prefirieron quedarse cerca de sus negocios para observar si los ministeriales les llegaban a sembrar algo que provocara el aseguramiento de sus inmuebles, pues ellos además de rechazar que venden cosas prohibidas, detallaron que ni siquiera sabían el motivo del operativo.
Cabe destacar que estas acciones fueron reprobadas por los dueños de las casetas quienes expusieron que no era posible que aseguraran sus locales, pues varios de ellos dijeron que sus negocios de comida son la única fuente de ingreso que tienen; también los familiares de los internos del penal de San Miguel mostraron su inconformidad y acusaron directamente a la directora de esta cárcel, María del Rayo Mendoza Farfán, pues detallaron que seguramente ella fue quien pidió el cateo a estos comercios debido a que dentro del reclusorio se les prohíbe ingresar algunos productos necesarios para los internos.
Lo cierto es que este tipo de negocios no contaban con el permiso de ninguna autoridad, nadie los regulaba y nadie sabía exactamente cuales eran los productos que se comercializaban para ingresarlos al penal.