Si el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, quieren conseguir la aprobación de una Reforma Electoral con modificaciones constitucionales, y que aplique para los comicios de 2024, deberán conseguir los votos del PRI para la mayoría calificada a más tardar en febrero del próximo año. De ahí que tenga lógica el endulzamiento del discurso del Presidente de la República, hace unos días, en sincronía con la nueva retórica de la dirigencia del tricolor, que podrían negociar una iniciativa descafeinada, aunque todavía a modo del régimen.
A esto hay que sumar la encuesta que se dio a conocer en días pasados, realizada por empresas privadas, a solicitud del propio Instituto Nacional Electoral (INE), que arroja que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador tiene 93 por ciento de aprobación.
Se trata de un documento que se encargó para “uso interno”, pero que ya fue publicado.
Éste describe que 93 por ciento de los encuestados apoya la reducción de financiamiento público a los partidos políticos.
En tanto, 87 por ciento está de acuerdo con la disminución del número de diputados y senadores.
Mientras los mexicanos y los poblanos estábamos atentos a las festividades de Muertos, ocurrieron otras cosas, que hay que analizar a la luz del calendario.
Está por concluir el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Cierra el 15 de diciembre o antes, lo mismo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que en el Senado de la República.
Ya no se discutirá la Reforma Electoral en este periodo. No se ve tampoco la realización de un periodo extra.
La Reforma Electoral tendrá que ser formalmente abordada en febrero de 2023, cuando comience el nuevo periodo.
Como la iniciativa del Presidente, que plantea un cambio en la esencia y cimientos del INE, la reducción del financiamiento a partidos y la reconfiguración legislativa, implica cambios constitucionales, la ruta es larga y complicada.
Primero deberá ser avalada por la Cámara de Diputados, que es la de origen, por mayoría calificada, las dos terceras partes. Luego por el Senado, en las mismas condiciones. En los dos órganos se requiere de la colaboración de los priístas.
Luego, deberá ir a los congresos locales y se requiere que al menos 17 la avalen, para que alcance la declaración de constitucionalidad.
En caso de que todo esto suceda con rapidez, luego deberán venir las reformas a las leyes secundarias.
Ahí las bancadas de Morena y sus aliados se bastan solas, con la mayoría simple, la mitad más uno, para aprobarlas.
Eso implicará, sin embargo, nuevos jaloneos y debates, con la parte de la oposición, PAN y Movimiento Ciudadano, principalmente, que no está a favor ni siquiera en lo general. Pero saldría.
Todo eso debe ocurrir, a más tardar, a principios de junio.
Porque el proceso electoral federal 2023-2024, con el que se elegirá un nuevo presidente o presidenta, comienza en septiembre de 2023.
La Constitución General marca que, para que los cambios a las normas electorales puedan entrar en vigor en el proceso electoral inmediato, deben aprobarse con 90 días de antelación.
El periodo ordinario del que hablamos concluye en el 30 de abril de 2023, pero se podría sin problemas abrir un extraordinario para este tema.
En esta ruta y condiciones, se ve viable la Reforma Electoral, porque Morena podría ceder a algunas propuestas del PRI.
Como no desaparecer del todo el INE. Dejar a algunos consejeros. Permitir la permanencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hasta de algunos Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Sería una reforma descafeinada, en comparación con la propuesta original. Pero todavía a gusto del lopezobradorismo, en muchos puntos.
Este 31 de octubre, justo antes de que comenzara la festividad de Muertos, el Presidente suavizó su discurso.
Dijo que no se trata de desaparecer al INE. Sino solamente de evitar un fraude.
“Tienen una campaña engañando a la gente (…) Es una Reforma Electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal.
“Lo que no queremos es que continue este sistema corrupto, antidemocrático que está en poder de los conservadores, porque son capaces de hacer un fraude más adelante”, dijo con un giro en el discurso.
A esto, hay que añadirle que también el PRI modificó su retórica al respecto. En un comunicado oficial del Grupo Parlamentario de San Lázaro, hace unos días, ahora dice: “PRI jamás acompañará una eventual reforma electoral que atente contra el INE o el TEPJF: Alejandro Moreno”.
Es un consenso importante que permanezcan el INE y el TEPJF.
Aquí no hay coincidencias.