La alianza opositora está enfrentando una difícil crisis de la cual no sabemos como vaya a terminar. Lo cierto es que la formación de una coalición opositora que logre desafiar a Morena en 2023 y 2024 tiene dificultades inherentes; que los partidos involucrados dejen un tanto de lado sus intereses particulares, que se pongan de acuerdo en el proyecto que presentarán a la ciudadanía, acordar el reparto gubernamental en caso de ganar, y el procedimiento mediante el cual se elegiría la candidatura de unidad.
Pero el lance de Alejandro Moreno y Rubén Moreira ha puesto en mayor riesgo la viabilidad de ese frente. Se percibe que la iniciativa para prolongar al Ejército en las calles fue para conseguir impunidad por parte del gobierno, que una vez más confirma su uso político y discrecional de la ley, como hacían los gobiernos de antes y como lo siguen haciendo ahora, lo cual no nos permitirá salir del círculo vicioso de corrupción e impunidad. Hay tres posibles escenarios en este lance:
1- Marko Cortés ganaría políticamente (y la disidencia en general) si eventualmente en el Senado los priistas votan contra la iniciativa. Cortés habría mantenido firme su postura sin que se pierda la coalición.
2- Si en cambio pasa la iniciativa también en el Senado, y como consecuencia se rompe la coalición, el gran ganador será López Obrador, pues habría matado dos pájaros de un tiro; se le otorga una salida para prolongar la presencia militar en la calle, y le garantizan prácticamente el triunfo de Morena en 2023 y 2024 al dispersarse el voto opositor, incluso si fuera mayoritario como probablemente lo será.
3- Por su parte, Alejandro Moreno saldría bien parado si consigue su impunidad y si, pese a ser aprobada esa iniciativa en el Congreso, el PAN reconsiderara su postura y mantiene abierta la posibilidad de preservar la coalición.
El mejor escenario para opositores y disidentes de AMLO es desde luego el primero. Pero en caso de pasar la iniciativa en cuestión, sólo quedarían los dos restantes; en uno sale ganando Alito, en el otro gana de todas, todas AMLO, pues es imposible ganar el 2024 por el PRI o el PAN si van separados, incluso si MC fuera con alguno de ellos. En tal caso, incluso con sólo un 35 % del voto podría ganar el candidato(a) oficial. Así, quienes dentro del PAN impulsan la ruptura con el PRI pecan de ingenuos al creer que pueden ganar por sí mismos (o incluso con MC y el PRD). Y en cambio estarán ayudando decisivamente al presidente en su deseado triunfo y en prolongar la estadía de su partido en el poder.
Esto nos llevar a que tocaría pues a la dirigencia del PAN, sabiendo perdido el primer escenario (si ocurre), decidir a quién quiere darle el triunfo; ¿a Alejandro Moreno o a López Obrador? Si lo primero, se mantendrá la posibilidad de la coalición y quizá ganar en 2024. No se descarta que en el PRI logren deshacerse de Alito anticipadamente, pero de cualquier manera dejará su cargo en septiembre de 2023, dejando aún un margen para restablecer la coalición, si bien el tiempo apremia pero es posible. En todo caso, los votantes opositores no decidirán su voto en función de lo que haya hecho Moreno, sino de su deseo de remover a Morena y del perfil de la candidatura opositora que surja en su caso.
¿Qué le convendría más al PAN? Salvo que piense que puede ganar sólo, le sería mejor flexibilizar su postura y dejar abierta la puerta a la coalición, pues en tal caso quedará alguna probabilidad de retar a Morena en 2024. De determinar la ruptura total a causa de las maniobras de Alito, prácticamente habrán tirado la toalla frente a AMLO. Le habrán dado un sonoro triunfo político al presidente ya desde ahora. Así, de ir en coalición (con Alito o sin él), todos los involucrados en ese frente pueden ganar no poco (dependiendo de su respectiva votación). En cambio, si llegan divididos, todos ellos saldrán perdiendo.
La Guardia Nacional y sus efectos, también en Puebla
Victor de Regil
La discusión pública sobre el futuro de la Guardia Nacional está en un gran auge. Y es que. en medio del debate social y parlamentario sobre la militarización del país y la traición a la esencia civil de la Guardia Nacional, en el centro del debate aparece, insoslayable, la reflexión sobre la eficiencia de este cuerpo que, de muchas formas, ha resultado, por decir lo menos, disfuncional en las tareas de seguridad pública.
Tiene fallas, han advertido varios especialistas, en su capacidad de despliegue, en su coordinación con los tres órdenes de gobierno.
En pocas palabras, se ha convertido en una tercera columna castrense, repleta en sus filas de militares o ex militares, lo que de facto la ha alejado de su diseño como una fuerza “civil”.
Este cuerpo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal (SSPC), no tiene, en realidad, un plan de reclutamiento, ni de entrenamiento.
Pero la mayor de las deficiencias estructurales de este organismo que se creó, con el aval de todas las fuerzas legislativas en 2019, es que no tiene área de inteligencia.
No investiga. No acompaña tampoco las indagatorias ni las funciones del Ministerio Público.
Todo esto genera que sus despliegues de fuerza sean desordenados, sin ton ni son, sin atender a las denuncias ni necesidades de los municipios, ni de los estados. Y sin generar procesos judiciales exitosos contra los criminales.
El pase jurídico de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ya avaló el Senado de la República en comisiones, aunque seguramente la Suprema Corte de Justicia tachará como inconstitucional, no garantiza que se subsanarán esas fallas. Vienen desde su creación, cuando se desmanteló la Policía Federal.
Visto así, el problema es mayor, porque con la tutela administrativa y la supeditación operativa, de facto, a las Fuerzas Armadas, México se quedará sin una policía civil federal.
Las tareas de seguridad pública, para las que se supone el Presidente de la República puede echar mano hasta 2024 de las Fuerzas Armadas, quedarán por entero en manos de la milicia.
Con las cuatro reformas a leyes secundarias que avaló la Cámara Baja y que ahora tocará hacerlo a la Alta, la Sedena tendrá el control operativo, financiero y administrativo de este cuerpo. No se equivocan quienes denuncian la “militarización del país”.
En el papel, seguirá adscrita a la SSPC, pero supeditada a la Sedena. O sea es “civil”, pero la controlan los militares.
Y de todos modos, se sigue violentando el Artículo 21 de la Constitución, que establece que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil. Las reformas son inconstitucionales. Se trata de un parche irregular.
Pero ni así se ve cómo podrá ser eficiente. Veamos en Puebla y dejemos varias preguntas.
De acuerdo con los informes oficiales, hasta 2021 había desplegados en el territorio estatal poco más de 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional.
Tiene cuarteles en los municipios de Atempan, Acatlán de Osorio, Huauchinango, Tecamachalco, San Martín Texmelucan y en XXV Zona Militar de Puebla capital.
¿Se ha conseguido la disminución de la delincuencia?
Con todo y que ahí hay cuarteles, Acatlán y Tecamachalco, por poner dos ejemplos, son prueba de que para nada.
¿Ha habido disminución de las tomas clandestinas de combustible? No.
¿Es la Guardia la que hace los grandes operativos y capturas de delincuentes? Tampoco.
De hecho, sigue siendo tarea del Ejército, la Marina y en algunos casos de la Policía Estatal.
¿Hay coordinación institucional con los gobiernos estatal y municipales? Ni por asomo.
En la mayoría de los casos ni siquiera comunicación.
Sus tareas se han concentrado en patrullajes, que en poco o nada inhiben a la delincuencia.
En cambio, en el primer semestre de 2022, este cuerpo en Puebla acumuló cinco quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El camino que ha elegido el presidente López Obrador pareciera estar equivocado. Pero allá vamos.