Ha pasado poco más de un mes de la noche de infierno en San Pablo Xochimehuacan, el camino aún es un complicado hacia las soluciones completas. El gobierno del estado y municipal han actuado con prontitud, como en aquella terrible madrugada, en que logró salvar a miles de personas. Sin embargo, prevalece, en el tema de la reconstrucción y reubicación, una entendible inconformidad en algunas familias.
Ha habido protestas al respecto. El asunto no es fácil y lo ha reconocido el gobernador, por el arraigo de las personas a su zona de vivienda. Amigos, historias completas de familias y hasta de generaciones están como ingredientes, en este caso.
Tampoco debe verse como una necedad de no quererse ir. Es que de verdad es muy complicado.
Muchos de los damnificados perdieron un patrimonio de más de 40 años de trabajo. Ahí se asienta su vida completa. No simple dejar todo y ya no mirar atrás. No es sencillo aceptar una reubicación lejos de su zona de origen.
Sin embargo, quienes demandan que la reconstrucción de sus casas se dé en la misma junta auxiliar, en el mismo lugar en donde quedó devastado su hogar, y que además es zona prohibida, deben reconocer que eso es lo que es imposible, simple y sencillamente la ley no lo permite y así será.
Mucha gente decidió construir en esa zona sin permisos, sin autorización de ninguna autoridad. Muchos de ellos eran como se conocen comúnmente “aviadores”, sin documentos ni nada en regla respecto a sus propiedades. Pero, independientemente de eso, el gobierno estatal apoyará a todos.
De acuerdo con la información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), 10 personas ya firmaron la aceptación de reubicación.
Otras seis la reconstrucción, porque afortunadamente sus casas no estaban sobre los ductos de Pemex.
Las casas nuevas que ha ofrecido el gobierno estatal, estarán en terrenos en la zona de El Batán. Serán viviendas dignas. En 108 metros cuadrados de terreno. Con 75 metros cuadrados de construcción. Tendrán dos baños, tres recámaras, cocina, sala-comedor, patio, un lugar de estacionamiento y cisterna.
No está de más advertir sobre riesgos de que la resistencia genuina a la reubicación sea contaminada por manos ajenas.
Cinco personas han perdido la vida, luego de ese infierno del 31 de octubre. Cada muerte es una tragedia humana, irreparable y un enorme duelo familiar.
Sin embargo, nadie ha regateado la prontitud con que las fuerzas estatales y locales, bomberos y los propios habitantes de la llamada hoy Zona Cero reaccionaron para evitar una tragedia indescriptible.
Se percibe, en general, confianza en las autoridades, afortunadamente. Hoy, la labor sensible que realiza el gobierno es otra. Literalmente es de persuasión, para que las familias que lo requieren sean reubicadas.
“No se resuelve así con protestas. Este desastre lo propició la delincuencia por ello que la gente entienda que no podemos hacer más que lo que la ley nos permite, que es la reparación de las casas en zonas legales, en terrenos legales, no en zonas prohibidas”, dijo el gobernador Miguel Barbosa.
Ese es el problema y ese es el reto. En medio de la tragedia llegar a la conciliación. De intereses, legítimas aspiraciones y necesidades de la gente.
Pero sobre todo hay que entender con toda claridad: Se está tratando de prevenir otro infierno.