La amenaza de que el desabasto de medicamentos empeore en el primer semestre del año entrante es real y preocupante, a contrapelo de lo dicho por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Y es que, basta con contrastar dos datos duros. Uno del propio Insabi, en su comunicado del pasado viernes 12 de noviembre en el que informa que, de enero a junio de 2022, los contratos firmados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), “contemplan la entrega de 326 millones de piezas, garantizando así el suministro permanente de medicamentos y materiales de curación”. El otro, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que revela que el consumo mensual de medicamentos en los servicios de salud del sector público es de 150 millones de piezas.
Eso quiere decir que lo contratado mediante UNOPS para cubrir el primer semestre de 2022 solo alcanzará para un poco más de dos meses. Y si nos atenemos a la cifra de la Canifarma, de que el requerimiento mensual del sector público es de 150 millones de piezas, y a lo informado por el Insabi de que de enero a octubre de este año se entregó a los operadores logísticos poco más de 221 millones, tenemos que esa cantidad no cubrió ni siquiera dos meses de este año.
Entonces el desabasto es real y preocupante, de no dejar dormir tranquilos a los responsables del problema, como por fin reconoció el miércoles pasado el propio AMLO al dar un manotazo y ordenar la inmediata solución de un problema que su gobierno generó.
¿Cómo nos metimos o nos metieron en semejante embrollo? Hay dos vertientes que pueden explicarlo: el desorden imperante en las compras públicas de los medicamentos y graves insuficiencias en la distribución.
El primero se originó cuando el gobierno de la 4T, argumentando grave corrupción de productores y distribuidores de la industria farmacéutica, decidió acabar con el mecanismo de compras consolidadas de los servicios públicos de salud que coordinaba el IMSS y mediante el cual se aseguraba la adquisición de 80% de las medicinas requeridas. Se sustituyó entonces por compras directas de Hacienda mediante la Oficialía Mayor, cuando al frente de ella estaba la hoy directora del SAT, Raquel Buenrostro.
En ese primer ejercicio de compras directas solo se garantizó 40% de las claves y 60% quedó desierto. Después se optó por recurrir a la UNOPS que no solo retrasó un año el proceso de compra, sino que solo ha garantizado el 50% de las medicinas solicitadas. Se tuvo que recurrir, por lo tanto, a compras directas para más o menos estabilizar el abasto. Luego se anunció un plan B con la propia UNOPS (lo recordará usted) con el que se dijo que se había resuelto en un mes lo que no se pudo en un año. Y en contra de lo dicho en el sentido de la sana diversificación en el exterior para adquirir medicinas, 92% de las compras hechas este año se hicieron a laboratorios nacionales y extranjeros establecidos en México.
En la otra vertiente, la de la distribución, el problema se centra en los hoy llamados operadores logísticos que ha contratado el gobierno. Estos entregan los medicamentos en las grandes ciudades, pero lo que se requiere es que lleguen a todas las clínicas, hasta las ubicadas en comunidades más inaccesibles.
Al recriminar al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, preguntó cómo era que las papitas y otros productos chatarra llegaran a los lugares más recónditos y no así los medicamentos.
El problema es que no es lo mismo distribuir papitas que medicinas. Estas últimas requieren de sistemas logísticos que incluyen almacenes robóticos y transportes con cámaras de refrigeración. Hablamos, además, de la distribución de mil claves diferentes, de mil productos.
Cierto, esos son los sistemas con que operan unas pocas empresas distribuidoras: Maypo, Nadro y CPI, entre las pocas que hay y que han controlado 90% del mercado. El alto grado de especialización de dichas empresas da lugar a tal concentración. En Estados Unidos, por ejemplo, tres distribuidoras tienen 92% de la facturación; cuatro, en Argentina, 99%; tres en Chile, 90%; cuatro, en Brasil, 50%; ocho, en España, 87%; cuatro, en Francia, 97%; y seis, en Alemania, cien por ciento del mercado.