Víctor de Regil
Transcurren los años y la promesa de modernidad, eficiencia y cobertura universal que acompañó la privatización del servicio de agua potable en Puebla capital y la zona metropolitana se ha desmoronado por completo. Lo que en su momento se vendió como la solución definitiva a los problemas históricos de desabasto gestionados por el SOAPAP, hoy se ha transformado en una de las crisis sociales y administrativas más agudas de la entidad.
La concesionaria Agua de Puebla para encarna un modelo de negocio privado que prioriza la rentabilidad financiera por encima de un derecho humano fundamental, dejando a su paso una estela de indignación colectiva, promesas rotas e impunidad corporativa.
Para dimensionar la gravedad del problema, basta con observar las cifras que la propia realidad ciudadana impone. Informes y evaluaciones recientes señalan que la empresa arrastra un incumplimiento cercano al 70% en los compromisos de inversión e infraestructura hidráulica pactados.
Más de 200 colonias de la periferia y de sectores vulnerables padecen un desabasto crónico que raya en la deshumanización. Familias enteras pasan semanas, e incluso meses, abriendo grifos secos, dependiendo exclusivamente del costoso mercado informal de las pipas de agua para realizar sus tareas más elementales de higiene y subsistencia.
Mientras tanto, las tarifas en los recibos oficiales no solo no bajan, sino que se incrementan de manera sostenida y opaca.
La inconformidad ciudadana no radica únicamente en la escasez física del líquido, sino en la violencia institucional y económica con la que opera la concesionaria. El primer frente de batalla es el bolsillo del usuario. Agua de Puebla encabeza las listas de quejas ante la Profeco debido a cobros excesivos, lecturas estimadas de manera arbitraria y errores de facturación que resultan impagables para un ciudadano promedio. Igualmente la queja de la ciudadanía sobre el pago anual que realizan y a los pocos meses dicen que ya se terminó la cantidad que pagaron y ya se acumuló una cantidad elevada.
Resulta ofensivo el cobro del 30% adicional bajo el concepto de «saneamiento» en zonas donde las plantas de tratamiento operan a medias o simplemente no funcionan, vertiendo aguas residuales sin procesar a los ya de por sí agonizantes ríos de la cuenca. Se cobra por un servicio ecológico y de salud pública que no se está prestando en la práctica.
A esto se le suma una práctica que ha sido catalogada por activistas y juristas como abiertamente ilegal y violatoria de la Constitución: los cortes arbitrarios del servicio de agua potable y, peor aún, del sistema de drenaje sanitario. Suspender el drenaje en una vivienda particular sin una orden judicial previa no solo es un acto de presión desmedida para forzar el pago de adeudo, constituye un atentado directo contra la salud pública y la dignidad humana. Al clausurar las tuberías sanitarias, la empresa expone a familias y comunidades enteras a focos de infección severos.
Ante el evidente abandono, la ciudadanía ha decidido romper la inercia del silencio. Organizaciones civiles, colectivos vecinales y la Asamblea Social del Agua (ASA) han articulado una resistencia legal y social sin precedentes. La proliferación de amparos colectivos e individuales ante los juzgados federales y el Tribunal de Justicia Administrativa local demuestra que los poblanos ya no ven en la concesionaria a un proveedor de servicios, sino a un adversario legal. Asimismo, los llamados ciudadanos a realizar consultas populares para evaluar la permanencia de la concesión reflejan un hartazgo que ya rebasó los canales de la queja telefónica y los folios de atención inservibles que la empresa reparte en sus sucursales.
La crisis del agua en Puebla nos obliga a plantear una pregunta incómoda pero urgente: ¿Hasta cuándo los gobiernos en turno seguirán blindando un contrato de concesión que claramente ha fallado en sus objetivos sociales? La gestión del agua no puede seguir siendo tratada como una mercancía de libre mercado sujeta al capricho de las ganancias corporativas. El modelo actual está agotado y parchado. Recuperar la soberanía del agua, fiscalizar con rigor metrológico cada peso que la empresa dice invertir y, sobre todo, devolverle la dignidad al servicio público es una deuda histórica que las instituciones poblanas ya no pueden postergar.