La publicación del Paquete Económico 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda ha dejado un sabor amargo en el panorama político y económico de Puebla. Mientras el discurso oficial a nivel federal celebra un presupuesto histórico de 10.63 billones de pesos, libre de nuevos impuestos y blindado con un incremento sustancial en el gasto social, el análisis regional revela una realidad incómoda: para la federación, las necesidades de infraestructura de Puebla han pasado a un plano secundario. El estado se encuentra atrapado en una paradoja presupuestal, donde el dinero fluye hacia los subsidios directos y las pensiones, pero los proyectos que detonan el desarrollo a largo plazo, la conectividad y la competitividad industrial han quedado en el olvido.
La ausencia de grandes proyectos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos no es una simple omisión técnica; representa una definición política de prioridades. El tan anhelado y prometido Tren de Pasajeros México-Puebla, que se perfilaba como la obra insignia de la conectividad metropolitana y un catalizador para el turismo y el comercio en la región centro, no recibió un solo peso para obra física en este ejercicio fiscal. Aquellos discursos que prometían una era de modernización ferroviaria se desvanecieron frente a las frías calculadoras de San Lázaro. Lo mismo ocurre con la red carretera estatal, la cual adolece de nuevas asignaciones significativas, limitándose a recursos ordinarios que apenas alcanzarán para bacheos institucionales en las rutas federales existentes.
El argumento del centralismo fiscal es que Puebla recibirá una bolsa considerable de más de 196 mil millones de pesos entre gasto programable y aportaciones federales. Sin embargo, al desmenuzar las cifras, la narrativa de la abundancia se desploma. La gran mayoría de este capital está preetiquetado para el pago de nóminas magisteriales a través del FONE y para la transferencia directa de los programas sociales. Si bien es innegable el impacto positivo que tiene el dinero en los bolsillos de los adultos mayores y los becarios para dinamizar el consumo local básico, este esquema no genera un valor agregado estructural. Los programas sociales mitigan la pobreza en el día a día, pero es la infraestructura pública la que verdaderamente saca a las comunidades de la marginación de forma permanente.
La cartera de proyectos de inversión asignada a Puebla para 2027 ronda los 3,059 millones de pesos, una cifra engañosa. Más del 70% de estos recursos exclusivos está destinado al mantenimiento operativo de instalaciones de Pemex y la CFE. Es decir, el dinero federal viene a Puebla para que el sistema energético nacional no colapse, no para transformar el entorno urbano o rural de los poblanos. Las pocas victorias presupuestales, como los 130 millones para la remodelación del Hospital del ISSSTE en San Manuel o la partida para el saneamiento del Río Atoyac, se sienten más como paliativos de emergencia para crisis de salud y ambientales añejas que como una planeación prospectiva de crecimiento.
Esta sequía de inversión federal obliga a un replanteamiento severo de la soberanía financiera local. Ante el abandono del centro, el gobierno del estado y los municipios se ven forzados a asumir la carga de la infraestructura con recursos propios, los cuales son inherentemente limitados. El anuncio de que la primera etapa del Periférico 5 de Mayo se financiará enteramente con la hacienda estatal es una muestra de resiliencia, pero también un recordatorio del desequilibrio del pacto fiscal. Peor aún es el escenario para el ayuntamiento de la capital, que ha tenido que recurrir a la solicitud de un crédito por 440 millones de pesos para costear obras tan básicas como la pavimentación y el drenaje. Que una de las ciudades más importantes del país deba endeudarse para tapar baches porque las bolsas concursables federales desaparecieron es el síntoma más claro de un sistema que asfixia a lo local.
El Paquete Económico 2027 consolida un modelo económico que prioriza la rentabilidad electoral y el asistencialismo sobre la visión de Estado. Puebla, con su enorme potencial manufacturero, automotriz y cultural, merecía un trato proporcional a su aportación al PIB nacional. Al negarle los recursos para sus megaobras, la federación condena al estado a un crecimiento inercial, donde la iniciativa privada y los gobiernos locales tendrán que hacer malabares para mantener la competitividad sin el respaldo de la infraestructura federal.