El derecho de las audiencias es, en el papel, una causa noble: defender a los ciudadanos frente a los abusos informativos o los monopolios mediáticos. Sin embargo, el proyecto de lineamientos generales impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abre una puerta peligrosa. Bajo la bandera del «derecho a la información», la propuesta que hoy está en consulta pública camina sobre la delgada línea que separa la regulación de la censura.
Y es que, la narrativa oficial insiste en que «no hay censura» y que las multas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) solo castigarán omisiones administrativas, como el no contar con un Código de Ética o un defensor de las audiencias. Pero el diablo está en los detalles. Al exigir que la información transmitida sea estrictamente «veraz», el Estado se autonombra juez supremo de la verdad. ¿Quién determinará qué es un hecho comprobado y qué es una verdad incómoda para el poder? En un ecosistema democrático, esa respuesta no le pertenece al gobierno.
El punto más alarmante y técnicamente inviable es la obligatoriedad de separar la opinión de la información en radio y televisión. Exigir cortinillas sonoras, letreros o plecas para avisar al público que un periodista está a punto de emitir un juicio de valor demuestra un profundo desconocimiento de la dinámica de los medios.
El periodismo moderno es vivo, se nutre del debate, de mesas de análisis y de la coyuntura en tiempo real. Fragmentar una transmisión con alertas de «opinión» no educa a la audiencia; la confunde, asfixia el debate y genera un perverso incentivo para la autocensura. Ante el temor de sanciones burocráticas por no colocar un aviso a tiempo, muchos optarán por el silencio.
Nadie se opone a la transparencia ni a la autorregulación. Los códigos de ética y los defensores de las audiencias son herramientas valiosas que los propios medios deben fortalecer de manera independiente. El problema radica en que sea una agencia dependiente del Ejecutivo Federal la que actúe como última instancia para revisar las quejas de los contenidos.
La presidenta Sheinbaum ha abierto la puerta a realizar ajustes tras los reclamos de la CIRT y el gremio periodístico. Es indispensable que lo haga. De lo contrario, estos lineamientos no protegerán a las audiencias; terminarán por empobrecer la libertad de expresión, dejándonos una radio y televisión domesticada, temerosa de opinar y vigilada de cerca por el poder.
Legislar sobre las audiencias sin blindar primero la independencia de los comunicadores es empezar la casa por el tejado. Si el gobierno de Sheinbaum realmente busca fortalecer la democracia mediática, debe escuchar las alertas de las organizaciones civiles y del gremio periodístico internacional. De lo contrario, la llamada «transformación» del espacio radioeléctrico mexicano no será recordada como una victoria de los ciudadanos, sino como el momento en que el Estado recuperó los hilos para decidir qué se puede escuchar y qué se debe callar.