Isabel Chavarría Piña. (Hidalgo, México) Jurista, conferencista. Doctor en Derecho por parte de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Maestría en Derecho por parte de la UNAM. Especialista en Derecho penal, procesal penal y militar impartidas por los Institutos; de Ciencias Penales (INACIPE) y de Estudios Superiores en Derecho Penal, así como de la Universidad del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos, obteniendo el grado de teniente auxiliar de Justicia Militar y Lic. al ingresar a las Fuerzas Armadas, donde alcanzó la jerarquía de teniente coronel de justicia militar y licenciado retirado.
De 1990 a 1993 trabajó como militar en carácter de Defensor de Oficio Militar en el Juzgado Militar adscrito a la 26/a. Zona Militar y VI Región Militar, con sede en La Boticaria, Ver. y con el cargo de Agente del Ministerio Público Militar Adscrito a la 29/a. Zona Militar con radicación en Minatitlán, Ver. y jurisdicción de Salina Cruz, Oax., Coatzacoalcos, Ver. y el Puerto de Veracruz. Además, ama tanto este bello Estado, que se casó con una veracruzana.
Ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional en múltiples ocasiones y las condecoraciones de quinta, cuarta y tercera clase, así como del mérito docente militares y cuatro Doctorados Honoris Causa, además de dos galardones por la comunidad civil, como destacado militar, abogado, jurista, académico y patriota. Siempre estudia, escribe y publica en un lenguaje accesible para que todos comprendan, no solo los juristas y estudiosos del derecho.
Reforma al poder judicial: hacia una justicia del futuro
(Primera parte)
Transcripción de la Ponencia presentada el 2 de julio de 2024 en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo en el Foro convocado por el grupo Transformadores por la justicia social. Ponente: Doctor en Derecho J. Isabel Chavarría Piña.
Tal vez, sólo tal vez, aún existe la posibilidad de enmendar la realidad social, en favor de mis compatriotas. La Historia me lo demande.
Señoras y señores asistentes a este foro. Público en general.
Considero un alto honor y satisfacción muy íntima, el poder dirigirme a ustedes en esta ocasión, para emitir mi verdad, a la vez que un compromiso ético, profesional y jurídico, para hacer de su conocimiento mi opinión, sabedor de la alta responsabilidad que conlleva esta participación ante la sociedad entera.
Agradezco al equipo de transformadores por la justicia social, Grupo Hidalgo, promotor y coordinador del presente foro, por la distinción de haberme invitado a participar en este, para mí magno evento.
Seré parco en mi opinión, dado el brevísimo tiempo que se me ha concedido en mi participación.
En el marco jurídico de la renovación moral de la sociedad, que dio origen a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establecieron los principios éticos de todo servidor público como son; la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
El tema de la modernización de la administración pública cobra cada día mayor trascendencia en la política mundial.
En diversos foros internacionales como en la Organización de las Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea recomiendan a los países miembros establecer sistemas de responsabilidades de sus funcionarios públicos para lograr la mejora permanente de los servicios gubernamentales, mayor transparencia y honestidad en las acciones de gobierno y en el uso de los recursos de la Hacienda pública, así como un proceso de rendición de cuentas más completo, desagregado y con amplia difusión.
En el México de hoy, existe una sociedad más informada, participativa y critica, que reclama un replanteamiento de la actuación gubernamental para atender de manera oportuna los valores éticos y las responsabilidades en el desempeño de los servidores públicos.
El Sistema Nacional de Responsabilidades de los Servidores Públicos constituye un elemento de racionalidad cuyo objetivo es difundir una nueva cultura en el servicio público, a través de instrumentos modernos que fortalecen los valores éticos, las obligaciones y la disciplina de quienes laboran en la administración pública nacional.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo mantiene la esencia de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del año en curso, y como parte de su Plan de Gobierno, incluye otras ideas al original enviado por éste.
Para ello, se sostiene discursivamente que “la justicia no debe ser un lujo para unos cuantos”, sino “un auténtico servicio público para la gente: accesible, gratuito, profesional y eficaz”.
El objeto de esta disertación es emitir mi opinión jurídica respecto a la propuesta de Reforma al Poder Judicial, aprovechando la oportunidad que la historia me proporciona, a la que me supedito, con la certeza que será la juez inflexible que nos juzgará.
Sería absurdo en esta exposición, tratar siquiera de señalar todas las reformas propuestas iniciadas y ampliadas por ambos, por lo que únicamente me referiré a la que sugiere que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por los ciudadanos, esto es, democráticamente por voto popular.
Sin entrar en argumentos artificiosos, falaces o idílicos e inaplicables, considero pertinente señalar lo que la praxis y la doctrina me han enseñado durante los cuarenta y cuatro años de servicio profesional dentro de la abogacía y fiel seguidor del primer mandamiento de los diez que integran el Decálogo del abogado escrito por el jurista uruguayo Eduardo Juan Couture Echeverry en la que se advierte: “estudiar, pues el derecho se transforma constantemente y si no seguimos sus pasos, seremos cada día un poco menos abogados”, me permito realizar las siguientes reflexiones.
En el año 2000 fui invitado como asistente, al “Foro nacional de abogacía y liderazgo social y político del abogado”, convocado por la Generación 1960 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Nacional de Facultades de Derecho y la Asociación Mexicana de Sociología efectuado en México, D. F., en la que durante todo el día se presentaron conferencias, mesas redondas e intercambio de diálogos jurídicos por parte de representantes de la vieja y nueva escuelas penales y procesales.
De la primera, destacaban eminentes juristas mexicanos entre los que se encontraban don Ignacio Burgoa Orihuela y Diego Fernández de Ceballos. Por la otra parte, pertenecientes a la nueva corriente jurídica penal y procesal penal, participaron los licenciados Antonio Lozano Gracia y Diego Valadés Ríos, ambos ahora exprocuradores generales de justicia, así como Juan Velázquez,
Personajes entonces muy nombrados, por haber sido representantes de los expresidentes Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari y muchos otros más connotados abogados de la época, cuyos nombres escapan a mi memoria.
A nivel internacional, entre otros invitados como conferencistas de diversos países, estuvieron algunos europeos y latinoamericanos, recordando y enunciando la corriente moderna del derecho penal y procesal penal impulsado por los alemanes Niklas Luhmann, creador de la teoría de sistemas, y Jûrger Habermas.
Del sociólogo Niklas Luhmann recuerdo que se señaló el desarrollo de su teoría de sistemas complejos y autorreferenciales, para explicar la sociedad y sus funciones, basándose en la premisa de que la sociedad es un sistema complejo compuesto de subsistemas interrelacionados y que se regula a sí mismo.
De Jûrger Habermas se señalaron sus teorías; constructiva, de la acción y razón comunicativas, su ética discursiva, la modernidad resiliente y el jus realismo.
Las teorías de ambos personajes, sobre todo aplicadas al derecho penal y procesal penal, eran para México realmente novedosas, pues no debemos de ignorar, que desde ese año 2000 y hasta la fecha actual, pervive la certeza de que en cuestión de adelantos de toda naturaleza y expresamente en las materias tecnológicas y jurídicas, por lo menos tenemos un atraso de cincuenta años, respecto de los países de primer mundo. (Continuará…)