Por Ismael Rojas Cuellar
Diputados del Congreso del Estado rechazaron las versiones que señalan que la iniciativa sobre infancias trans busca autorizar cirugías o tratamientos hormonales para menores de edad, al aclarar que la reforma únicamente atiende un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para adecuar la legislación poblana en materia de reconocimiento de identidad de género.
Luego de los pronunciamientos emitidos por la Arquidiócesis de Puebla y otros sectores que manifestaron su preocupación por la iniciativa, el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, precisó que el proyecto no aborda procedimientos médicos, sino que se limita a modificar el Código Civil para garantizar el derecho a la identidad, conforme a la resolución emitida por el máximo tribunal del país.
El legislador sostuvo que la propuesta no contempla intervenciones quirúrgicas, tratamientos de reasignación de género ni procesos de hormonización para niñas, niños y adolescentes, por lo que llamó a evitar la difusión de información errónea que pueda generar desinformación sobre el alcance de la reforma.
La discusión legislativa deriva de una sentencia de la SCJN que declaró inconstitucional restringir el reconocimiento de identidad de género únicamente a personas mayores de edad y ordenó al Congreso de Puebla armonizar su marco legal. En ese sentido, el procedimiento que se analiza está relacionado con la expedición de una nueva acta de nacimiento y no con procedimientos médicos.
Las declaraciones de los diputados surgieron después de que la Iglesia católica expresara su rechazo a la reforma al considerar que podría tener implicaciones para las personas menores de edad. Sin embargo, desde el Poder Legislativo insistieron en que el debate debe centrarse en el contenido de la resolución judicial y no en interpretaciones que, aseguraron, no corresponden al alcance de la iniciativa.
Mientras continúa el análisis del tema en comisiones, el Congreso del Estado mantiene abierta la discusión sobre la armonización del Código Civil, una reforma que deberá atender los criterios establecidos por la Suprema Corte y que seguirá siendo motivo de debate entre legisladores, especialistas y distintos sectores de la sociedad.