Delfina Pozos afirma que Gobierno del Estado respalda planteamientos para exigir resultados a Agua de Puebla

Por Ismael Rojas Cuellar

La diputada Delfina Pozos aseguró que las recientes críticas y llamados realizados por el gobierno estatal a la concesionaria Agua de Puebla confirman los señalamientos que desde hace más de un año ha impulsado desde el Congreso local para fortalecer la regulación del servicio y garantizar el acceso al agua potable para las familias poblanas.

La legisladora recordó que presentó 25 iniciativas y puntos de acuerdo orientados a modificar la Ley de Aguas del Estado, con el objetivo de obligar a la empresa concesionaria a cumplir sus responsabilidades y responder ante las afectaciones que pudieran generar a los usuarios.

En ese sentido, consideró que la postura asumida por la administración encabezada por Alejandro Armenta coincide con las propuestas que ha venido impulsando, particularmente aquellas relacionadas con que quien provoque daños sea también responsable de repararlos.

“Hoy el gobierno nos da la razón”, afirmó la diputada, al señalar que las observaciones realizadas por las autoridades estatales reflejan la necesidad de revisar el desempeño de la concesionaria y fortalecer los mecanismos de supervisión.

Las declaraciones ocurren en medio de los cuestionamientos que el Gobierno del Estado ha realizado a Agua de Puebla por las deficiencias reportadas en el suministro del servicio, así como por la exigencia de brindar una mejor atención a los usuarios y garantizar el acceso al agua potable en la capital poblana y otros municipios donde opera.

Delfina Pozos sostuvo que, más allá de los ajustes administrativos o legales, el principal indicador para evaluar el desempeño de la concesionaria debe ser que el agua llegue de manera constante y suficiente a los hogares.

“Mientras no se vea tangible el agua en los hogares, lo demás no se ve”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a que las iniciativas presentadas en el Congreso sean retomadas y analizadas, al considerar que las condiciones actuales evidencian la necesidad de fortalecer el marco legal para garantizar un servicio eficiente y con mayor rendición de cuentas hacia la ciudadanía.