Por Ismael Rojas Cuellar
La solicitud de revocación de mandato impulsada por integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio en contra de la alcaldesa Guadalupe “Lupita” Bárcenas deberá estar respaldada por pruebas suficientes para que pueda ser considerada por el Congreso del Estado, advirtieron autoridades legislativas.
El director jurídico del Congreso local, Jesús Juárez Lezama, explicó que cualquier procedimiento de esta naturaleza requiere sustento documental y jurídico, por lo que no basta con la presentación de señalamientos o inconformidades políticas. Indicó que, hasta ahora, la información que ha trascendido carece de elementos que permitan acreditar las acusaciones formuladas contra la edil.
En ese contexto, puntualizó que actualmente “no existen elementos probatorios” que permitan avanzar en un análisis de fondo, por lo que corresponderá a los promoventes integrar un expediente sólido antes de solicitar la intervención formal del Poder Legislativo.
Por separado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, señaló que el Legislativo actuará con responsabilidad institucional y dentro de los cauces legales una vez que la petición sea presentada oficialmente.
El coordinador del Congreso dejó en claro que ninguna determinación se tomará de manera anticipada y que el caso deberá revisarse con base en la información que entreguen las partes involucradas. En ese sentido, sostuvo que “se iniciará el proceso correspondiente” únicamente cuando exista una solicitud formal y ésta cumpla con los requisitos establecidos por la ley.
Asimismo, Pavel Gaspar enfatizó que antes de emitir cualquier resolución será necesario revisar a detalle los antecedentes del conflicto político y administrativo que enfrenta el municipio de Acatlán de Osorio, garantizando en todo momento el respeto a la autonomía municipal y al debido proceso.
La controversia surgió luego de que regidores del Ayuntamiento aprobaran promover una solicitud de revocación de mandato contra Lupita Bárcenas, argumentando presuntas irregularidades en su administración. Sin embargo, en el Congreso del Estado prevalece la postura de que cualquier procedimiento deberá sustentarse en pruebas y no únicamente en posicionamientos políticos.
De esta manera, tanto el área jurídica como la dirigencia del Poder Legislativo coincidieron en que el eventual análisis del caso dependerá de la solidez del expediente que sea presentado ante el Congreso del Estado.