Víctor de Regil
En días pasados, muy polémica resultó la decisión del Cabildo de Puebla de aprobar que el presidente municipal, José Chedraui, firme un convenio con el gobierno estatal para que el cobro y la administración del impuesto predial sea operado por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
Esto, ha hecho pensar que el ayuntamiento de Puebla cede y reduce su autonomía ante el gobierno estatal, sobre todo en momentos en que la relación entre el gobernador Alejandro Armenta y el alcalde parece haber llegado a un punto de ruptura, todo en el marco del proceso electoral 2027.
Pero, ¿Qué hay detrás de la decisión del Cabildo? No significa que el Estado vaya a cobrar directamente el predial a todos los ciudadanos. Se trata, más bien, de un esquema de coordinación fiscal entre municipios y el gobierno estatal. El pasado mes de marzo el Congreso del estado avaló reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla. Con dichas reformas se permite que el gobierno del estado, vía Finanzas, firme convenios con los municipios para apoyar la recaudación del impuesto predial. No es obligatorio: cada municipio decide si se adhiere o no.
Y es que, aunque se pretende revivir el fantasma de la controvertida Ley de Federalismo Hacendario que como gobernador impuso Manuel Bartlett, quien centralizaba el poder financiero en la figura del gobernador en lugar de fomentar la autonomía municipal, esta reforma, por muy polémica que suene, crea incentivos:
El dinero federal del Fondo de Fomento Municipal se dividirá de la siguiente forma: 70% sin cambios; 30% adicional repartido solo entre municipios que firmen el convenio de coordinación del predial. Esto quiere decir que si un municipio, como ya es el caso de Puebla capital, deja que el estado le ayude a cobrar o administrar el predial, recibe más recursos federales. Eso es lo que los asesores financieros del alcalde José Chedraui buscan.
Desde el pasado viernes que el Cabildo dio luz verde, han surgido muchas dudas. Una de las más importantes es si ahora el gobierno del estado cobrará el predial directamente. La respuesta es: no automáticamente. Y es que, si un municipio no firma el convenio, seguirá cobrando el predial como siempre, a través de su Tesorería Municipal. Y si un municipio sí lo firma, el estado puede: apoyar en el cobro, en la fiscalización y en sistemas de recaudación. Pero el predial sigue siendo un impuesto municipal.
Es decir, el municipio conserva control, pero el estado interviene en procesos técnicos. El objetivo de todo es aumentar la recaudación (en Puebla capital hay alta morosidad, cerca del 40%), mejorar el acceso a recursos federales y modernizar el cobro del predial.
No, el estado no quitará el predial a los municipios; es un esquema voluntario con incentivos financieros.
Quizá el gran problema fueron los tiempos, en donde el ayuntamiento de Puebla decidió dar el paso cuando las relaciones con el gobierno del estado han entrado en un momento crítico por la disputa por la candidatura de Morena: José Chedraui quiere reelegirse, pero el gobernador Armenta prefiere que sea una mujer cercana y leal a él: Laura Artemisa García, Celina Peña o Gabriela Sánchez.
Si Chedraui se llegara a reelegir, naturalmente se coloca como una carta para la sucesión en la gubernatura, y eso no es precisamente el mejor escenario para el primer morenista del estado. Por eso prefiere que una carta suya llegue a despachar a Palacio Municipal.
En este contexto, la decisión del Cabildo se interpretó como un golpe a la autonomía del municipio; casi una conspiración de Armenta contra Chedraui. Pero no es así.
Obviamente la oposición en el Cabildo, puso “el grito en el cielo”, y votó en contra. Y es que el tema tiene también un componente electoral. Y es que el PAN obviamente teme que la base de datos del predial se use con esos tintes. Por eso prefirió no apoyar que el ayuntamiento acceda a ese 30% adicional de recursos federales. Para los panistas el problema no es económico, es electoral.